Más allá del cumplimiento de la ley, en El Colegio Mexiquense se tiene la convicción de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de los recursos públicos que recibe la institución, al tiempo de proteger los datos personales bajo su resguardo, dijo César Camacho, presidente de la misma.

29 de marzo

Es indispensable que haya mecanismo que reconozcan efectivamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, el territorio y el desarrollo libre, frente a hechos incuestionables que señalan la persistencia del racismo y contradicciones del texto constitucional, que debe reconocerlos como sujetos de derecho público, entre otros problemas y rezagos.

La violencia es el problema más urgente para las mujeres, seguido de la desigualdad, la discriminación y la urgente necesidad de hacer realidad en los hechos de la vida cotidiana las disposiciones jurídicas que las amparan.

Para llevar a cabo acciones que tengan un impacto concreto en la mejoría de la vida de las mujeres del Estado de México mediante el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas con perspectiva y equidad de género, El Colegio Mexiquense y la Secretaría de las Mujeres del gobierno del Estado de México firmaron un amplio convenio de colaboración.

Hay nuevos grupos de actores sociales que han logrado la adquisición de derechos efectivos para intervenir en el espacio público en la ciudad de Toluca, afirmó Pamela Monserrat Pichardo Martínez en la presentación de su examen de grado como egresada de la 9ª promoción del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio Mexiquense.

A pesar de los avances que se dieron en las últimas décadas en relación con los derechos humanos de las mujeres, todavía queda un largo camino por recorrer, en especial en campos como la seguridad, el empleo, la educación y, en general, en los que se finca el empoderamiento femenino como visibilidad, autonomía y reconocimiento.

En materia de derechos políticos, en México las mujeres siguen siendo una mayoría vulnerable, pues pese a los avances legislativos que iniciaron en 1953 cuando se les concedió el derecho al voto con acciones afirmativas como esa y otras, que derivaron en la paridad de género en las candidaturas, corresponde a los jueces, más que a los legisladores, darle sustancialidad, «a golpe de sentencias», a los derechos políticos y humanos como fundamento del Estado constitucional.

1 de octubre  13:00 hrs.